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Recientes sondeos recogen que la mayoría de peruanos exige al gobierno de Martín Vizcarra (hoy en guerra abierta con el Congreso) concentrar todo el esfuerzo en acciones destinadas a detener el avance de la violencia social, especialmente, por hechos que cobran vidas y transmiten una sensación de inseguridad en la población en sus diferentes estratos. Demanda que está por encima de otras.

Noticias de últimos días recogen testimonios de víctimas de robos de vehículos, asaltos, agresiones y otras que ocurren a diario en calles de Lima, ciudades del norte, en especial Trujillo, centro y sur del país.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que entre noviembre del 2017 y abril del 2018, al menos el 25.5% de la población de 15 años a más fue víctima de un hecho delictivo, cifras que de seguro aumentaron en los últimos días.

Lo que pasa en Trujillo, con altos índices de homicidios en lo que va del año (58), preocupa a todos, ya que esta ciudad enfrenta este problema social hace años.

El Gobierno con el envío de 550 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) busca restablecer de manera paliativa la seguridad en la región, empero el operativo fracasará si no se refuerza la inteligencia policial, donde parece se cojea por falta de logística y personal especializado.

Se espera que el destaque de efectivos responda a un plan estudiado y de inteligencia, el mismo que en breve dé resultados favorables y esperando no sea una acción para distraer la agenda actual.

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