Otro de los expedientes con que cuenta el Presidente para hacer “su ejército” es el de decidir quiénes de los oficiales pasan al retiro. Para ello basta la pura discreción.
Hace ya años, en la época democrática planteamos que esta figura sea materia de ratificación por el Congreso, de tal forma que no solo el ascenso a los escalones más altos, sino también la prescindencia de las personas, debiera ser una responsabilidad de la representación nacional en su conjunto.
Por no aprobarse este dispositivo, Fujimori se vio con las manos libres para poder ir dejando de lado, durante toda la década que gobernó, a oficiales calificados que no estaban dispuestos a llevarle el apunte o hacerle el amén.
Si para la promoción se requería la ratificación del Congreso, el japonés fue pasando al retiro, ya sin el filtro del Legislativo, a aquellos oficiales con jerarquía, ascendiente y calificaciones, de tal modo de dejar en los puestos de comando a los que habían ascendido porque él lo quiso o quienes habían tolerado sus dictados y firmado sus “actas de sujeción”.
Se debe promover una reforma importante en el sentido de que estas denominadas “invitaciones”, que no son otra cosa que cortar la carrera de un profesional, se hagan con determinadas condiciones, por ejemplo, con los oficiales que ya no tienen horizonte racional en el proceso a futuro y que, además, esa estimación sea compartida por la representación nacional.
Se ha dicho que llevar este tema al Parlamento obligaba a los oficiales a hacer una suerte de peregrinaje en las diversas tiendas políticas para asegurar sus ascensos. Puede ser, pero peor es que dependan directamente del Presidente que, sin control, puede ejercer esa atribución en perjuicio de la democracia. Como ya pasó.
