La liberación de algunos delincuentes detenidos por la Policía Nacional del Perú ha generado una profunda preocupación en la sociedad y ha puesto de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta el país en la lucha contra el crimen organizado. La presidenta Dina Boluarte ha expresado ayer su inquietud, destacando cómo las decisiones del Ministerio Público y el Poder Judicial perturba el arduo trabajo llevado a cabo por la institución policial.
En la actualidad, la creciente ola delictiva parece estar desafiando las bases del sistema legal, debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. El crimen prospera en un entorno donde las posibilidades de arresto son mínimas y, en caso de que ocurran, las perspectivas de llevar a los culpables ante la justicia son escasas. Este escenario pone de relieve una problemática que requiere una acción decidida por parte de los responsables del sistema judicial.
Jueces y fiscales desempeñan un papel crucial en la administración de justicia, y es imperativo que asuman la responsabilidad que les compete. No es casualidad que el 43% de los ciudadanos reclame una mayor eficiencia por parte del Poder Judicial en la lucha contra la delincuencia, mientras que el 29% hace un llamado similar a la Fiscalía.
La agilidad en los procesos judiciales, desde la detención hasta el juicio, es esencial para enviar un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada. Los ciudadanos merecen vivir en un entorno seguro, donde la ley prevalezca sobre la criminalidad.
