Sería bueno que el ciudadano de a pie se pregunte qué de bueno puede ofrecerle al país un aspirante presidencial como Roberto Sánchez, actual congresista de una de las bancadas de izquierda, quien parece empeñado en reclutar a lo peor de nuestra clase política de los últimos años, como el golpista Pedro Castillo y el asesino de policías Antauro Humala, cuyo partido incluso fue sacado de circulación por ser un verdadero peligro para la vida, la democracia y el respeto a la legalidad.
Sánchez reivindica el gobierno nefasto de Castillo, que acabó con un quiebre del orden constitucional y desde el día uno estuvo inundado de denuncias de corrupción que sin duda van a llevar al exmandatario a otra condena. Este señor que jamás debió estar en Palacio de Gobierno, es una vergüenza para el país y debería serlo también para quien sueñe con ser presidente del Perú, un cargo que, se entiende, implica el respeto a la Carta Magna, ser honesto y deplorar cualquier acto de corrupción.
El candidato de Juntos por el Perú es el mismo que quiso llevar a trabajar al Congreso a la otra golpista, Betssy Chávez, quien gracias al Ministerio Público inepto y politizado que tenemos, se mantiene escondida en la Embajada de México para no cumplir la condena que le ha impuesto el Poder Judicial. Quiso dar un golpe de Estado, romper con la democracia, cerrar el Poder Legislativo y meter presos a los parlamentarios, pero Sánchez intentó colocarla allí mismo para que cobre un sueldo pagado por todos los peruanos.
Lo mismo sucede frente a Humala, quien estuvo en la cárcel por matar a cuatro policías. ¿Qué presidente sería Sánchez? ¿Con qué cara va a mirar a los miembros de la Policía Nacional luego de ser infatigable aliado de uno de sus verdugos más sanguinarios? Además, el cabecilla del “Andahuaylazo” ha amenazado con hacer fusilamientos. Sería bueno preguntarlos qué dicen al respecto desde la izquierda que se promociona como “defensora de los derechos humanos”.
Nadie que saque cara por golpistas, ladrones y asesinos, puede ser tomado en serio en política. No se puede rifar el destino del país otras vez. Es más, las propias autoridades judiciales y electorales deberían hacer sonar las alarmas y aplicar sanciones, como se hizo en su momento con el partido del carnicero de Andahuaylas. No deberían ser contemplativas con quienes son una amenaza a la legalidad, la institucionalidad, el bolsillo de los peruanos y hasta la vida misma.
