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En el debate sobre la cuestión de confianza, pasó algo que ocurre poco en nuestro Parlamento: tres congresistas debatieron en quechua, su lengua materna. El problema es que nuestro Congreso no cuenta con intérpretes en simultáneo. Es decir, pese a que mis colegas tenían todo el derecho de hablar en una lengua originaria, en la práctica sus aportes no formaron parte del debate, pues la mayoría no pudimos entenderlos.

En un país con cuarenta y ocho lenguas originarias, esto es una tragedia. Nuestra Constitución establece que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad; pero, en la práctica, vemos que dicho derecho no se reconoce ni siquiera en el Congreso, la institución llamada a representar a todos los ciudadanos.

Le contaba lo ocurrido a un amigo boliviano y no lo podía creer. Para él, era natural que en su Congreso hubiese intérpretes de castellano, aimara, quechua y guaraní. Así como en el Parlamento canadiense lo hay para inglés, francés y panyabí. Son herramientas elementales en democracias plurilingües.

El problema no es nuevo en el Congreso peruano. En el 2006, dos congresistas fueron duramente criticadas por la prensa por expresarse en quechua. En el 2010, la Comisión de Pueblos Andinos solicitó que se implementara interpretaciones simultáneas, pero el pedido fue ignorado. En el 2017, una colega tuvo problemas para presentar un proyecto de ley en quechua.

Esta realidad tiene que cambiar en el Congreso y en todo el Estado. Debemos llegar al Bicentenario como un país más integrado, y eso pasa por tener la oportunidad de dialogar y entendernos, respetando nuestras diferencias y celebrando nuestra diversidad.

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