Nadie duda de las buenas intenciones del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, al afirmar que el feminicida venezolano Sergio Tarache Parra, detenido en Colombia, debería estar en el Perú a la brevedad posible para ser procesado por el crimen de la joven que fue su pareja, a la cual echó combustible para luego prenderle fuego, todo esto en el Centro de Lima.

Sin embargo, el titular del Poder Judicial debería tener en cuenta que si Tarache no está en Lima para ser juzgado, es porque nuestro sistema judicial lo dejó escapar al demorar la orden de impedimento de salida del país. Se tardó varios días, lo que permitió a este criminal extranjero huir mientras su víctima agonizaba y sus padres exigían justicia. Finalmente, la joven pereció.

Ahora solo queda esperar que los gobiernos de Perú y Colombia sigan un proceso, que al parecer no sería sencillo, para lograr que este indeseable sea puesto en el Perú para ser procesado. Sin duda, lo que le debería esperar es la cadena perpetua, aunque con nuestros jueces y fiscales nunca se puede estar seguros.

Los protocolos tienen que ser revisados. Urgen procesos más rápidos y lejos de los papelucheos y los trámites, para impedir que aquellos que tienen deudas con la justicia, se escapen con tanta facilidad y se burlen de sus víctimas y de los ciudadanos agobiados por el accionar de la delincuencia.

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