En la tarea indispensable de lograr que el crecimiento económico vaya acompañado de inclusión social, es decir de menor pobreza y menor desigualdad, el papel del Estado es clave y, para ello, se requiere una verdadera transformación en la acción estatal.
Se necesita un Estado más eficiente, transparente y descentralizado en el que el objetivo básico sea el de servir al ciudadano, considerándolo como su cliente final. Se han iniciado acciones concretas de desconcentración en la acción del Estado, trasladando funciones y recursos hacia los gobiernos regionales y locales. Por primera vez se destinan tres cuartas partes del presupuesto público de inversiones a los gobiernos subnacionales y no a Lima como ha sucedido corrientemente. Sin embargo, la descentralización es un proceso que recién comienza y es necesario fortalecer la institucionalidad en regiones y municipios, mejorando su capacidad de gestión de los recursos públicos.
Así, lo primero que hay que hacer para la transformación del Estado es lograr una adecuada motivación, capacitación y participación del capital humano que labora en las instituciones públicas. En este sentido, debe destacarse la reciente promulgación del Decreto Legislativo No 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como órgano rector del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos en el sector público.
La Autoridad recientemente creada tendrá funciones normativas, de evaluación del desempeño, de solución de controversias y de eventuales sanciones (a través del Tribunal del Servicio Civil). Se establecen por fin los criterios que rigen el desempeño de los funcionarios públicos, promoviéndose con toda claridad la evaluación en base a los méritos de cada uno.
Además, mediante Decreto Legislativo No 1024 se crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos que promoverá la selección de profesionales de muy alto nivel académico que serán destacados a las diferentes instituciones del gobierno (nacional, regional y local) con el objetivo de lograr una gestión pública más eficiente. Asimismo, mediante el Decreto Legislativo No 1025 se establecen las normas de capacitación y rendimiento en la administración pública determinándose que los funcionarios serán capacitados y evaluados periódicamente.
Finalmente se ha promulgado el Decreto Legislativo No 1026 que establece un régimen especial facultativo para gobiernos regionales y gobiernos locales que deseen implementar procesos de modernización en el ámbito de los recursos humanos y de la capacidad de gestión institucional.
Este conjunto de dispositivos ya vigentes son una clara demostración de la voluntad del gobierno de avanzar sustantivamente en la transformación de la acción estatal. Ello garantizará calidad en el proceso de desarrollo y ayudará en la sostenibilidad social y política del crecimiento económico.
