La reciente saga en torno a la captura y regreso a nuestro país de Alejandro Sánchez Sánchez ha dejado en evidencia una vez más la falta de competencia del Gobierno. Tras el anuncio triunfal de su captura y su supuesta llegada a territorio nacional, todo quedó en el limbo. Sánchez Sánchez, conocido como el amigo del expresidente Pedro Castillo y objeto de una investigación por presuntos delitos relacionados con organización criminal, había sido señalado por ceder una residencia en el jirón Sarratea para actividades clandestinas e ilegales. Sin embargo, su retorno a Perú, tras ingresar irregularmente a Estados Unidos, se ha visto detenido por una medida cautelar interpuesta por sus abogados, lo que prolonga la incertidumbre sobre el desenlace de este caso.

Incluso el ministro de Justicia, Eduardo Arana, había anunciado con certeza que Sánchez Sánchez sería entregado a las autoridades peruanas, pero la realidad ha desmentido las afirmaciones optimistas del Gobierno. Esta situación deja en claro una vez más la incapacidad del Ejecutivo para manejar asuntos de esta índole de manera efectiva.

Es crucial que Sánchez Sánchez regrese al país y se someta a la justicia. Su testimonio podría arrojar luz sobre las operaciones del denominado “gabinete en la sombra” dentro del aparato estatal, presuntamente liderado por Pedro Castillo. Este paso es fundamental en la lucha contra la corrupción. El pueblo peruano merece respuestas y la justicia debe prevalecer por encima de cualquier interés político o personal.