Martín Vizcarra, inhabilitado dos veces por el Congreso y con un proceso judicial abierto por corrupción de cuando fue gobernador de Moquegua, intenta regresar al poder por la puerta trasera. No puede postular legalmente, pero su partido ha inscrito a un “M. Vizcarra” como candidato presidencial, pretendiendo confundir al electorado. Ese “M.” no es Martín, sino su hermano Mario Vizcarra, cuya inicial es usada con deliberado engaño para inducir al error. El resultado es un verdadero fraude moral y político: miles de ciudadanos de buena fe, sobre todo de las regiones de menor información, creen que están respaldando al expresidente. Las encuestas, al registrar solo la inicial, amplifican la confusión y colocan a este supuesto “M. Vizcarra” en posiciones expectantes, distorsionan gravemente la voluntad popular antes de que empiece la campaña. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no puede dejar de garantizar la transparencia y la autenticidad del proceso, no puede avalar un engaño disfrazado de formalidad legal. Y las encuestadoras tienen responsabilidad ética: el diseño de sus preguntas no puede contribuir al engaño colectivo ni ser instrumento de manipulación política. La democracia exige claridad, responsabilidad y decencia. Engañar al pueblo es la peor forma de corrupción: la que manipula la conciencia. Si el Jurado no actúa con firmeza, será cómplice de una estafa electoral que vulnera el derecho de los peruanos a elegir con verdad y libertad. Esta campaña electoral tiene ya en su regulación un conjunto de complejidades a lo que se agrega la excesiva cifra de partidos y de candidatos, el JNE debe cumplir con su máximo esfuerzo para que la transparencia y la ética sean la inspiración de las elecciones. No necesitamos mayor confusión ni indiferencia o ausencia de responsabilidad con la ciudadanía.