Somos millones los peruanos que conocemos a alguien o que, directamente, fuimos víctimas de la informalidad en el transporte a nivel nacional y por eso nos preocupa que el Congreso y el Ejecutivo, pese a la tirante relación que mantienen, concuerden en no hacer nada para afianzar la tan necesaria reforma y, más bien, todo apunta a que la petardean desde adentro.
Y lo pueden negar, pero esa es la señal que dieron cuando votaron en contra o se abstuvieron de interpelar al ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y aunque ya salieron voceros de diversas bancadas a explicar, traducir o justificar el por qué sus votos en contra o en abstención, esto no quita que desperdiciaron una gran oportunidad para retirar de ese puesto a alguien que aparentemente solo tiene una finalidad: mantener y empoderar a aquellos que año a año matan a miles de peruanos y peruanas y no exageramos.
Según cifras del INEI, en 2019 (último año del que hay data disponible), en todo el país ocurrieron 93 299 accidentes de tránsito no fatales y 3110 ciudadanos murieron en las vías de todo el Perú.
Cabe preguntarse ¿de dónde viene el poder que tienen estos informales para ser aupados por el Ejecutivo y el Congreso pese a la cifras de horror que presentan?
