Hace poco, en el distrito de Carabayllo, en Lima, una pareja puso una pollería. Días después, fueron asaltados por cuatro delincuentes extranjeros. Se llevaron todo lo ganado a punta de balas. La señora murió y el esposo quedó grave. ¿Es un caso aislado? No, todos los días ocurren estos actos criminales en todo el país.
La presidenta Dina Boluarte mayormente no opina (¿no sabe?) de lo que ocurre en el país y cuando lo hace dice cosas fuera de la realidad. “El Perú se encuentra en calma y paz”, dijo hace poco en Estados Unidos. Realmente un despropósito. No es capaz de desarrollar un discurso que vaya acorde con la realidad. El peligro es que si para ella vivimos de maravillas seguirá en la cómoda posición de observar sin actuar.
Hay que ser conscientes que el crecimiento de la criminalidad no solo amenaza la seguridad ciudadana, sino que también ejerce un impacto negativo en la economía de un país. A diario, escuchamos historias de valientes emprendedores que luchan incansablemente por ofrecer lo mejor a sus seres queridos, pero su esfuerzo se ve obstaculizado por la delincuencia y la inacción gubernamental. Este es un problema que persiste, y es hora de que se aborde con seriedad.
La situación es desoladora. Empresarios, pequeños y grandes, ven cómo sus negocios y sus sueños se desmoronan a medida que la delincuencia crece sin control. Los robos, los asaltos y las extorsiones se han convertido en una constante amenaza. Estas víctimas no solo pierden sus bienes, sino que también sus empleados, clientes y, en última instancia, la fe en el sistema.
Ya pasó un buen tiempo desde que la presidenta Dina Boluarte recibió facultades para legislar sobre seguridad ciudadana y hasta ahora no hay resultados.
