El contralor Nelson Shack informó que hay 18 mil 351 funcionarios públicos involucrados en irregularidades administrativas. Lamentablemente, como a la Contraloría General de la República le quitaron la capacidad sancionadora, sus informes solo se quedan en denuncias.

Solo el año pasado se emitieron 25 mil 139 informes de control de los cuales 9 mil 048 fueron en Lima, mil 564 en Áncash, mil 318 en Cusco, mil 161 en Arequipa y mil 119 en La Libertad. Justo, hace pocos días la Contraloría formalizó denuncias contra el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y el alcalde de la provincia de Arequipa, Omar Candia, por el presunto delito de nombramiento indebido. En ambos casos designaron a funcionarios que no cumplían los requisitos exigidos. Estos casos ya fueron presentados a las fiscalías correspondientes para que no queden en el olvido.

En otros casos, como en la región Junín, hay gerentes que siguen en funciones pese a que la Contraloría halló inconductas e infracciones. Realmente es un mal mensaje en la actual coyuntura de nuevos vientos. Esta situación es una verdadera traba en la lucha anticorrupción.

Si desde el año pasado ya se declaró como inconstitucional la capacidad sancionadora de la Contraloría, lo ideal sería que ahora sus denuncias progresen y los organismos pertinentes le den seguimiento hasta que lleguen a instancias judiciales. Esto hará que los funcionarios públicos sean los idóneos y los que mejor hacen las cosas.

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