No haremos realidad nuestros intereses marítimos mientras el Perú no decida la adhesión a la Convención del Mar de 1982, llamada la “Constitución de los Océanos”, por tratarse del mayor y más universal instrumento jurídico a que han llegado de manera consensuada los países del globo para la regulación jurídica de los mares.
Es verdad que somos un país minero –nuestros mayores ingresos se encuentran en este ámbito de la economía nacional– pero también que somos un país marítimo. Llevamos 38 años sin ser parte de la Convemar y por esta trágica realidad nuestro país, que fue pionero junto a Chile en la formulación de la tesis de las 200 millas de soberanía y jurisdicción en 1947, se encuentra en la más completa saga en el Derecho del Mar.
Recordemos, además, que 5 años después, en 1952, ambos países junto a Ecuador, constituyeron la mayor plataforma regional en defensa de la referida tesis al crear la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) -Colombia se incorporó en 1979-, y suscribieron la Declaración de Santiago que consagró la política internacional marítima de los 4 países. En casi cuatro décadas hemos dejado pasar la decisión histórica de vincular jurídicamente el país a la Convemar.
La tesis de las 200 millas consagró la soberanía y jurisdicción del Estado costero sobre los recursos vivos (peces) y no vivos (minerales), en esa distancia (criterio socioeconómico) y nunca sobre las aguas como sostuvieron erradamente los territorialistas (criterio de seguridad), cuyo error como legado lo seguimos viendo en las redacciones que siguen publicándose por diversos medios al referir a las “200 millas de mar territorial” que no tenemos y que nunca siquiera hubo en la historia del derecho del mar, que registró un máximo de 3 millas de mar territorial.
Nunca podríamos tener 200 millas de mar territorial porque la Convemar (Art.58) y la Constitución del Perú (Art. 54), consagran la libertad de comunicación (de navegación) en esa distancia. La tesis de 1947 y consagrada en el marco de la CPPS, en 1952, fue incorporada intacta en la Convemar de 1982. Jurídicamente todo está agotado, solo falta la decisión política.
