Hace poco la Contraloría General de la República reveló que el Perú perdió el año pasado 24 mil 419 millones de soles por problemas de corrupción e inconducta funcional en los tres niveles de gobierno. La cifra es casi igual a la del 2021. Con ello, es evidente que hay algo crudamente cierto: la corrupción en el país es un lugar común y nada parece capaz de revertirlo.
Si bien la identificación de este flagelo es un paso fundamental, el verdadero desafío radica en garantizar una respuesta justa y ágil por parte del sistema de justicia. Solo cuando los responsables sean procesados y sancionados de manera efectiva se podrá empezar a reconstruir la confianza en las instituciones y a avanzar hacia un sistema más transparente e íntegro. Por ejemplo, no es posible que luego de casi diez años salga una sentencia en primera instancia contra el excongresista Michael Urtecho por recortarle el sueldo a sus colaboradores en el Legislativo. No se puede vivir bajo el imperio de la ley si no se castiga con celeridad a los que la violan y se burlan de la justicia.
Esta forma de presentar cifras es un buen paso en la lucha contra la corrupción, pero no decide mucho si no se le complementa con medidas contundentes. Es fundamental agilizar los procesos legales, asegurando que las investigaciones se realicen de manera minuciosa pero expedita. Además, se debe trabajar en la prevención de la corrupción, implementando disposiciones que alienten la transparencia.
