Es una verdadera vergüenza que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya tenido que enviar un oficio al presidente del Congreso, José Jerí, para denunciar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por desobedecer de manera reiterada y flagrante la disposición de reponer en el cargo de fiscal suprema a Patricia Benavides, cuya suspensión ya venció.

Alguien debería indicarle a la fiscal Espinoza que ella no es dueña del Ministerio Público, pero sí su máxima autoridad, por lo que está obligada a hacer cumplir las normas y las disposiciones, por más que por cuestiones, personajes y posturas políticas, no le agraden.

En Correo creemos que la fiscal Benavides trae consigo grandes cuestionamientos y que no debería estar en el Ministerio Público, al igual que ninguno de los magistrados que integran la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, si las leyes y las normas que de ellas se derivan, indican que deben continuar, pues deben continuar, guste o no.

Las instituciones del Estado no pueden ser manoseadas por quienes se creen más allá del bien y del mal, o del alcance de las leyes.

Sería bueno saber qué dicen sobre esta desacato los que hasta hace pocos meses afirmaban y repetían que la JNJ, en tiempos de Inés Tello y Aldo Vásquez, era casi un bastión de la democracia y la legalidad, y que no se podía ir contra sus disposiciones. ¿Siguen pensando lo mismo o ya no porque la conformación del colegiado no es afín a ellos ahora?