La reciente decisión del Tribunal Constitucional de suspender la medida cautelar que reponía a los destituidos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, ha reavivado el debate mediático plagado de intereses particulares y estrategias cuestionables.
Era previsible que las partes emitieran declaraciones sobre el caso. Sin embargo, lo que resulta preocupante es la evidencia de un modus operandi perverso y repetitivo: la difusión de la manifestación de aspirantes a colaboradores eficaces sin confirmar previamente su veracidad. En este caso en particular, se han filtrado los dichos que involucran al presidente del TC en un supuesto compromiso para “ayudar” a la suspendida fiscal Benavides.
Este esquema de actuación no es nuevo. En los últimos diez años, con la intromisión de una ONG en el Ministerio Público se da inicio a este modelo de estrategia: filtrar declaraciones sin corroborar, generar campañas mediáticas de demolición y condena, solicitar medidas restrictivas contra el involucrado y, finalmente, obtener la prisión preventiva. Este esquema recurrente tiene un único objetivo: aniquilar a los opositores entre ellos a los oponentes de la agenda progre-caviar. Sin duda, este método ha funcionado en el pasado, y ahora pretenden aplicarlo —nada menos— que al presidente del Tribunal Constitucional.
La “dictadura del colaborador eficaz”, donde la presunción de inocencia y el debido proceso son pisoteados con el interés de doblegar a los rivales políticos, debe ser detenida. No podemos permitir que la justicia sea utilizada como herramienta para eliminar adversarios en la lucha por el poder. Debemos reflexionar que el daño al sistema democrático es de gran magnitud y extremadamente riesgoso.
