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La Contraloría General de la República ha emitido un informe muy duro, pero real, que pone en evidencia la verdadera situación de la salud pública en el país, especialmente en las áreas de emergencia, de las cuales dependen la vida de muchas personas. Ahí tenemos desde falta de equipos y personal, hasta malas atenciones y demoras en las mismas.

Las lamentables muertes de más de mil 200 neonatos en lo que va del año, por diferentes razones, entre ellas la falta de incubadoras, es apenas la punta de un iceberg que oculta la patética situación en que se encuentra la salud pública en el Perú pese a que tenemos una economía que, en teoría, se mantiene en crecimiento a diferencia de otros países.

Llama la atención un detalle del informe, que indica que durante las visitas efectuadas por el personal del ente de control, se contabilizó a tres mil 472 pacientes recibiendo atención en los pasadizos de las áreas de Emergencia. Esta cantidad de personas es el doble de aquellas que se encuentran debidamente internadas en dichos servicios.

Un problema aparte, y muy grave, es la falta de equipos electrónicos en el 22% de los hospitales públicos, por lo que la vida de los pacientes corre peligro en caso se produzca un corte de energía.

Visto este panorama, el Poder Ejecutivo y las administraciones regionales están en la obligación de atender las deficiencias en los servicios de salud. Los peruanos más pobres, aquellos que no pueden pagar un seguro privado o una clínica, no pueden ser tratados de la manera que describe el citado informe.

Lástima que estemos ante un gobierno que ha optado por irse del poder antes de tiempo, en lugar de corregir estas dramáticas falencias.