Durante años se explicó la crisis educativa peruana como un problema externo: pobreza, pandemia, familias ausentes o falta de compromiso social. Hoy está claro que el sistema educativo no está organizado para educar, sino para protegerse.

Cuando la pregunta central deja de ser “¿qué necesita este alumno?” y pasa a ser “¿cómo evitamos denuncias, quejas o sanciones?”, hablamos de una mutación institucional. Cambia la finalidad del sistema.

Los docentes no carecen de vocación ni de formación; padecen impotencia estructural. Un currículo saturado de competencias, desempeños, evidencias y formatos privilegia lo medible sobre lo significativo. Se evalúan productos y respuestas, no procesos ni razonamientos. Se enseña a contestar bien antes que a pensar con profundidad.

Las dificultades de aprendizaje no se atienden a tiempo porque “no conviene dejar constancia”. Los conflictos de convivencia no se resuelven: se administran para que no escalen. La disciplina deja de ser formativa y se vuelve estadística. Importa más que el acta esté correcta que el alumno haya aprendido algo relevante.

Los docentes son parachoques del sistema: responsables de todo, sin autoridad. Presionados por padres que amenazan con quejas, por directivos temerosos de sanciones y por oficinas que evalúan papeles antes que realidades.

El resultado es previsible: certificados sin aprendizaje. Alumnos que avanzan de grado sin lectura comprensiva, razonamiento matemático ni autonomía intelectual.

Mientras la educación funcione para defenderse y no para educar, el futuro seguirá siendo frágil, desigual y fácilmente manipulable.