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La fiscalización de los trabajos de alto riesgo en seguridad y salud laboral ha fracasado en prevenir los accidentes de trabajo. Salvo el caso del sector minero -que oscila desde hace diez años en resultados casi pendulares-, la accidentabilidad laboral en el sector industrial general se ha incrementado considerablemente, en un escenario de alta informalidad, deficientes competencias técnicas de los trabajadores, y maquinarias y equipos obsoletos como regla general.

Salvo cuando ocurren siniestros tan graves como la muerte de dos trabajadores informales, provocada por un incendio en un contenedor en la Galería Nicolini, nos ponemos a evaluar lo que nos falta hacer para que estos hechos no se repitan.

¿Y cuál es el rol del Estado? Desde mi punto de vista, liderar la transformación de las actividades económicas, sobre todo las de alto riesgo, para promover labores seguras mediante mecanismos que incentiven a invertir en seguridad y salud en el trabajo.

Transitar de un sistema burocrático documental hacia un sistema autodeclarado de factores de riesgo en las labores altamente peligrosas es lo ideal, y es un reto para un universo no mayor de 5000 empresas, entre grandes y medianas.

¿Qué hacer? Por el lado de la fiscalización, trabajar en equipo. Esto es, disponer la paralización de cualquier labor que implique un peligro grave e inminente. Experiencias como la Unidad Operativa móvil del 2008 o el equipo 24x7 de acción rápida para seguridad y salud en el trabajo en el 2018 han mostrado su efectividad y no deben quedar en el olvido.

Nos hemos preguntado cuántas galerías siguen en condiciones similares a la Galería Nicolini, operando en condiciones casi feudales. Podemos decir que muchas. Es momento de que trabajadores, empleadores y el Estado nos preparemos rápidamente para el 2021.

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