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Entre los temas más importantes de los que poco se preocupan en el Congreso resalta la elección de seis -de siete- miembros del Tribunal Constitucional (TC), cuyo tiempo en el cargo venció el pasado 3 de junio. Recién formado el grupo de trabajo que velará por una correcta convocatoria, esperamos la transparencia que el caso amerita.

No está de más recordar la importancia de la función del TC, que vela por el cumplimiento de nuestra Carta Magna. Y en ese contexto, en el que tanto el Ejecutivo como el Congreso están en una pugna por posibles modificaciones constitucionales, la designación de los nuevos juristas debería estar a la altura de las circunstancias.

La salida de Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña fue advertida desde enero. No obstante, este Parlamento ha ido postergando el debate para elegir a los mejores constitucionalistas; sin duda una demora en perjuicio de la justicia.

No podemos asegurar que el Legislativo haya tomado en cuenta el recambio en el TC a raíz de la propuesta del presidente Vizcarra de adelanto de elecciones para el próximo año. Sin embargo, llama mucho la atención dicha casualidad. Para evitar suspicacias, nada sería mejor que un proceso limpio y objetivo.

Un nuevo TC, del que solo quedará Augusto Ferrero, sería la garantía que requiere el país en materia de defensa de la Constitución. Estaremos atentos a cómo los representantes de las diversas bancadas del Congreso llevan a cabo una operación diáfana. De lo contrario, que sus electores los juzguen.