Francisco Sagasti, presidente Constitucional de la República -no es encargado del despacho presidencial, ni presidente interino y mucho menos mandatario provisional-, y sí, en cambio, llamado presidente de la transición por la circunstancia política en que asumió de derecho la jefatura del Estado, ha cometido el mayor error político de su gestión -por la creciente vacunación iba en alza como para terminar su gobierno de 8 meses y 12 días con discreta aceptación-, al romper la imparcialidad política que estaba obligado a conservar como presidente del Perú.
Siendo su deber constitucional como mandatario garantizar que las elecciones generales se realicen a cabalidad e impolutas, dejando que sea el Jurado Nacional de Elecciones, la entidad encargada del desarrollo del proceso democrático, tal como también lo consagra nuestra Carta Magna, Sagasti jamás debió comunicarse -ha reconocido que lo hizo-, con algunos ciudadanos influyentes en la política peruana.
Por hacerlo, ha perturbado un proceso que debió conservarse prístino en la forma y en el fondo, sin luces ni sombras por parte de Palacio de Gobierno. En medio de un país polarizado, ha exacerbado a la opinión pública nacional, donde ahora todos hablan de fraude, es decir, la mitad si acaso la ONPE da como ganador al profesor Castillo y la otra mitad, si el resultado favorece a la señora Fujimori, quedando totalmente vulnerable y deslegitimado cualquiera que fuera proclamado presidente del Perú.
Sagasti se ha olvidado que, por su privilegiada y ocasionalmente legítima posición en el Estado, no solo representa al Perú -derecho también de los demás ciudadanos-, sino que lo personifica, prerrogativa exclusiva que solo él ostenta y por la cual se debe al pueblo por el que actúa en su nombre, debiendo por ello guardar escrupulosa neutralidad.
Con un proceso manoseado y visiblemente viciado, una vacancia o denuncia en su contra agudizará el caos en ciernes que podría precipitarse por su falta de plomo de estadista que no tiene, llevando al país al abismo. A la luz de las desacertadas intervenciones de Sagasti (Política), y Jorge Salas Arenas, presidente del JNE (Jurídica), en medio de un proceso electoral no concluido, la pradera podría arder en el país, más allá que por los dos partidos en competencia.
