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Semanas atrás expresaba mi confianza en que el 2018 tendríamos acciones concretas contra la impunidad en el caso Sodalicio y experiencias similares, a fin de que las víctimas puedan encontrar justicia. A la fecha, tenemos desde el Congreso y el Vaticano algunos avances.

Desde el Parlamento, se pudo finalmente definir a los integrantes de la comisión creada en setiembre del 2017, que tiene como mandato investigar los abusos contra menores de edad realizados tanto en instituciones públicas como privadas por un plazo de 180 días. La decisión llegó casi un año después de que, a través de la moción multipartidaria 1652, solicitamos que el Congreso asuma este tema ante la inacción del Ministerio Público.

Desde el Vaticano, pese a las señales contradictorias, se ha dispuesto la intervención del Sodalicio de Vida Cristiana y el nombramiento del obispo Londoño como comisario apostólico de esta congregación. Ello ante los innumerables cuestionamientos a esta organización fundada por Luis Figari, sobre quien recae un pedido de prisión preventiva dispuesto en diciembre por la fiscal León Pizarro contra él y otros integrantes del SVC por delitos de abusos sexuales, psicológicos y físicos contra sus propios miembros.

El panorama entonces empieza a ser distinto. Confío en que la comisión congresal creada sea fiel a su espíritu y ofrezco mi colaboración a sus integrantes. La experiencia australiana sería una gran referente para su trabajo. Sin embargo, precisamos de más señales concretas. La Iglesia católica necesita ser más clara, pues las víctimas esperan mucho más. Por ello, reitero mi compromiso en su búsqueda de justicia. Debemos evitar que estos dolorosos casos se repitan o sigan en la impunidad.