La Fuerza Armada es, según las categorías de Marcel Prelot, un factor de poder muy importante en cualquier época, pero más en el mundo moderno, y más aún cuando los países son poco institucionalizados, como es nuestro caso.
Por ello, es esencial que los nombramientos a los grados más altos, desde donde se gobierna el día a día de la institución, sean decididos no solo por el jefe del Poder Ejecutivo, sino con el concurso de la representación nacional, que sintetiza la pluralidad del país.
De esta forma el Presidente no puede armar “su ejército” a su antojo para que “le deba lealtad personal” a él y no entienda que su rol es como parte del país entero y con una misión específica que debe ser promovida y controlada por el Congreso.
Cuando se produjo el golpe y la “constitución” de Fujimori, se estableció que ese nombramiento no debía ser ratificado por el Parlamento. Con ello se dio paso a que se ascendiera o a quienes eran de la argolla o a quienes no iban a discutir esa forma de gobernar autocrática que reinstaló el japonés.
Hoy se ven los resultados. Más allá de los méritos que pueden tener quienes han sido promovidos, la falta de concierto no ayuda a legitimarlos y siempre cabrá la inquietud de si están allí porque se lo merecen o porque pueden ayudar como factor de poder al jefe del Ejecutivo en caso de disputa con los otros poderes del Estado.
Eso tiene que cambiarse y tiene que volverse al sistema constitucional de ratificación de los ascensos en el Congreso. Esto ayudará también a la mayor motivación de los militares en su excelencia.
Asimismo, deberá revisarse el tema de las “invitaciones al retiro”, asunto que analizaremos la próxima semana.
