Falleció Alberto Fujimori, personaje controvertido que insurgió en política en 1990 enfrentándose al candidato conservador Mario Vargas Llosa líder de la propuesta del “shock económico”, para enfrentar la hiperinflación heredada del gobierno de Alan García.

Ganando con el voto de sectores populares y el apoyo político de los “evangelistas”, aplicó el programa económico propuesto por Vargas Llosa y entabló una alianza con sectores militares conservadores, con una línea dura para eliminar el terrorismo a cualquier precio.

Desarrolló una alianza político delincuencial con Vladimiro Montesinos, preso por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, delitos por los que también se condenó a Fujimori.

Políticamente mintió. Ocultó su nacionalidad japonesa con la que postuló al Senado japonés, pagó 15 millones de dólares a Montesinos enmascarados como indemnización, vendió armas al terrorismo colombiano a cambio de drogas, amnistió las violaciones de derechos humanos, hubo esterilizaciones forzadas, y asesinatos en la Cantuta y Barrios Altos. Son solo ejemplos de una larga lista.

La versión fujimorista avalada por este gobierno oculta la verdad histórica. Su familia tiene derecho a lamentar su muerte, pero quien llevó a cabo un golpe de Estado, destruyó las instituciones democráticas, corrompió el aparato del Estado, robó millones, renunció fugando del país y ocultó su nacionalidad japonesa, está descalificado.

No hay olvido. La sociedad debe reivindicar a sus víctimas y aplicar políticas de resarcimiento y reconciliación nacionales, basados en la verdad para construir el futuro.