El escándalo del hospital Arzobispo Loayza, cuyas precariedades y deficiencias en la atención a los peruanos más pobres han motivado la renuncia de su director, es apenas la punta de un terrible y brutal iceberg que existe especialmente en las diferentes regiones del interior del país, donde la realida de la salud pública golpea todos los días.
Si el hospital Loayza está como está, y se ubica a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Lima y a cinco minutos en auto del Ministerio de Salud, sería bueno que la presidenta Dina Boluarte vaya a ver cómo están los centros asistenciales en Arequipa, Piura, Chiclayo, Ica o Junín.
Es verdad que en las provincias, la salud está en manos de los gobiernos regionales, pero Lima no puede estar indiferente a lo que allí sucede con los ciudadanos más pobres.
La gente que se enferma y no cuenta con dinero o al menos la posibilidad de atenderse en la seguridad social, tiene que vivir una pesadilla a pesar de que en teoría cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), que es más un papel o un carnet que la posibilidad real de ser atendido como todo ser humano merece.
Lamentablemente tenemos un Ejecutivo y un Legislativo pensando en cómo sobrevivir y en cómo beneficiarse, antes que en ponerse a trabajar por quienes literalmente se mueren espetando en resultado de un análisis, o fecha para una tomografía o una cirugía. ¿Así soñamos con la OCDE?
