La continuidad del general Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional, pese a los severos cuestionamientos públicos sobre su gestión, coloca el debate donde no debe quedarse: en una sola persona. Cambiar o ratificar cúpula no limpiará una institución afectada por redes de corrupción y posibles conexiones con la criminalidad y las mafias millonarias. Esto existe, pero pocos quieren verlo. Y menos el gabinete Galarreta que se fue por las ramas sobre el tema. El Perú necesita un Sistema Nacional de Integridad Policial que someta a toda la Policía a evaluaciones periódicas aleatorias. La selección de los examinados debe ser aleatoria, mediante sorteos públicos, por grados, regiones y unidades. Nadie sabría anticipadamente quién será examinado y nadie podría afirmar persecución dirigida. Cada evaluación debería comprender evolución patrimonial, declaraciones de bienes e intereses, trayectoria disciplinaria, destinos ocupados, denuncias reiteradas, vínculos incompatibles con la función y resultados en unidades especialmente expuestas a la corrupción. La información tendría que cruzarse, dentro de la ley, con la Contraloría, la UIF, la Sunat y el Ministerio Público. La Inspectoría no puede ser juez único de su propia institución. Todo policía examinado conserva su derecho de defensa, presunción de licitud y apelación. La depuración debe proteger a la mayoría honesta y separar, con pruebas, la complicidad criminal. Mientras el Estado no limpie sistemática y permanentemente a quienes deben defenderlo, todo plan contra la criminalidad, la extorsión y el sicariato tendrá bases inciertas y frágiles. Sin integridad policial el Estado no puede defender nuestro derecho a la vida y a la tranquilidad. Y el nuevo gobierno ofreció cambiar la estrategia contra el crimen. Es el momento de hacerlo.