Los colegios no pueden ser indiferentes a las realidades políticas del país como la de la sucesión presidencial y los hechos conexos. El proceso de construcción de valores democráticos de parte de los alumnos requiere abrir espacios para que los alumnos se informen y conversen sobre estos temas, sin pretender imponer sus preferencias cuando son temas motivo de controversia.

La formación ciudadana no incluye imponerles a los alumnos las posturas particulares de los profesores -aunque sea subliminalmente- sino abrir los espacios de conversación, confrontación, información, para que entiendan las posturas en conflicto y puedan construir su propia visión de las cosas, que es probable que incluya siempre posiciones diversas entre ellos.

Es allí donde cada profesor pone en juego toda su capacidad de ser facilitador y moderador, generador de opciones de empatía para que los alumnos entiendan las posturas contrarias, distanciándose del rol de adoctrinador o estigmatizador. Si un alumno puede comprender las diversas opciones en juego, analizar, confrontar, valorar y optar por la que particularmente le parece más convincente, estará mejor preparado para la vida democrática que si se identifica acríticamente con la posición del profesor o de la mayoría, que es algo más propio del fanatismo o los regímenes dictatoriales.

Valga la oportunidad para reiterar que los profesores tienen derecho a expresar su postura política fuera del ámbito escolar, pero eso es muy distinto que apremiar a sus alumnos para que piensen como ellos, ya que la madurez democrática requiere autonomía de pensamiento.