La reforma de la justicia

Todos los fiscales y jueces corruptos deben ir a la cárcel sin excepción. La justicia solo puede operar con gente capaz y éticamente responsable. Esto se encuentra fuera de toda discusión. Sin embargo, en medio de la crisis de los operadores jurídicos, como siempre, se pierde la perspectiva y nos indignamos ante las consecuencias sin estudiar los orígenes. Es fácil apagar los incendios, pero es imposible lograr la paz social si no vamos a la raíz de nuestros vicios.

En el caso del Derecho, la raíz de nuestros vicios es de doble naturaleza. Por un lado, el sistema está politizado. Esto empezó hace mucho tiempo y ahora se ha consolidado en todas las esferas. La politización de la justicia genera la judicialización de la política. Una justicia politizada es el campo de batalla perfecto para enfrentamientos por una cuota de poder. Cualquier intento de reforma debe buscar la restauración del principio de autoridad. Esta autoridad (auctoritas) debe ser comprendida como lo fue en el Derecho Romano. El juez es el prudente de la justicia (iuris prudente), la persona con un saber socialmente reconocido, alguien de un prestigio indiscutible. La justicia funciona cuando no se duda de la calidad personal de sus operadores. Restaurar la auctoritas implica apostar por la meritocracia y no por cuadros ideologizados, como normalmente lo hace la izquierda.

El segundo problema radica en el relativismo procedimental. Los operadores jurídicos han sido capturados por este procedimentalismo líbero-socialista donde el positivismo se desfigura hasta lo autorreferencial. El Derecho siempre fue la ciencia de lo bueno y lo justo. Urge retornar a la verdad absoluta de lo justo para cada caso concreto.