Si hubo algo que el Perú hizo bien, fueron las reformas estructurales en la década de 1990. La reforma macroeconómica y fiscal emprendida incluyó la refundación de instituciones como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), así como la implementación de reglas fiscales y del principio de disciplina fiscal. Esta reforma, quedó sin embargo inconclusa.
La reforma del gasto público involucra la alineación de incentivos de las entidades públicas y sus funcionarios con los objetivos nacionales, la optimización de recursos y la sostenibilidad del financiamiento, y cambios regulatorios sustanciales para entregar servicios públicos de calidad en tiempos adecuados. Treinta años después vemos las consecuencias de no haber emprendido dicha tarea: recursos desperdiciados y obras inconclusas.
A pesar que el gasto en infraestructura representa aproximadamente el 30% del presupuesto publico nacional, anuncios como el de la creación del Ministerio de Infraestructura nos hacen concluir que nuestras autoridades no ven aun la real dimensión y magnitud del problema. La mejora de la gestión de infraestructura debe ser parte de una reforma integral del Estado, no una mera reorganización administrativa de unidades ejecutoras de ministerios como la que se anunció este 28 de julio.
En los noventas fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que acompañó al Perú en el proceso de reforma fiscal y macroeconómica, ¿cómo se haría ahora con el nuevo ministerio?
Lo más saludable es que el Ejecutivo deje para el siguiente gobierno esta tarea de reforma. No es una reorganización. Señores congresistas, tienen ustedes la última palabra.
