La Constitución peruana establece que el Estado tiene entre sus deberes primordiales “defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” (artículo 44). Se trata de una inmediata consecuencia del principio de dignidad de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1). Para lograrlo, se deben poner a su alcance todos los medios jurídicos y económicos. Si la corrupción y falta de capacidad instalada impiden realizar esos fines, parece oportuno recurrir a fórmulas innovadoras como la reciente firma del contrato con el Reino Unido para la asistencia técnica de reconstrucción del norte del país, así como la tarea de edificar colegios y hospitales.

La experiencia de los juegos Panamericanos permitió la transferencia de conocimientos técnicos, capacitación de personal e innovación. Con estos antecedentes, debería pensarse en una experiencia similar para mejorar la administración de los servicios de salud pública, con Alemania como uno de los postores del concurso, y Francia como uno de sus candidatos para la seguridad interior, previa declaración de emergencia de ambos sectores para iniciar su modernización. De lo que se trata es mejorar los servicios públicos para todos los ciudadanos y, en paralelo, ampliar la base tributaria y recaudación para su sostenimiento.

En el marco de la noticia de la reconstrucción del norte, estaremos levantando una bandera antipolítica si no reconocemos su vital importancia para la toma de esta decisión, pero será insuficiente si no está acompañada de una revisión y propuesta de reforma a la regionalización, tarea más urgente que regular desde fuera la democracia interna de las organizaciones políticas.