Los candidatos presidenciales y congresales que pertenecen a agrupaciones políticas metidas en el escándalo de la repartija del dinero que asigna el Estado para que difundan sus propuestas con miras a los comicios en que participan, tendrían que estar descalificados para ocupar cargos públicos, pues provienen de partidos con dirigencias que aún no han ganado nada, pero ya están haciendo mal uso de los recursos públicos, que es lo que en teoría se debería desterrar tras las próximas elecciones.
Seamos generosos y asumamos que los candidatos son inocentes o cándidos y no saben nada de este lío. Está bien, desconocían a qué medios iba la plata asignada para la franja electoral. Sin embargo, se debe tener en cuenta que quien llega al gobierno lo hace de la mano de un partido, sus militantes y en especial sus dirigentes, que son los que aún no reciben un voto del ciudadano, pero ya están tratando de sacar algún provecho por el camino trucho, o al menos poco transparente.
Y que no vengan a decirnos que una cosa son los candidatos y otra es el partido y quienes lo intregran, y que si ganan gobernarán con otras personas ajenas a quienes les dieron un espacio para llegar a un cargo público. Eso es una tomadurea de pelo, pues en elecciones, postulantes y agrupaciones políticas, y viceversa, son un solo cuerpo. Si no es así, ¿de qué estamos hablando?, ¿de oportunismo de ambas partes o de una?, ¿de validar el infame hecho de que en elecciones vale todo con tal de ganar y luego se ve qué se hace?
Por ejemplo, en el caso de Marisol Pérez Tello, de ganar la elección, ¿con quién pretendía gobernar si no estallaba este escándalo? ¿Con Miguel del Castillo quizá de premier?, ¿con la gente que junto a este personaje dio todo el dinero de la franja a un canal casi inexistente y que debe plata a sus trabajadores? Y si miramos a Carlos Álvarez, allí está el dueño del partido que lo lanza, el siempre cuestionado Vladimir Meza. ¿Le iba a negar al menos un ministerio a quien lo acogió como candidato?
Este caso ha comenzado a ser investigado por el Ministerio Público, pero sabiendo cómo trabaja esta institución, quizá sus pesquisas terminen meses antes de las elecciones del 2031 o de las 2036. Por eso, desde ya el elector debería castigar en las urnas a estos partidos y al mismo tiempo a sus candidatos presidenciales y congresales, que no se les puede separar. No se puede decir voto por Pérez Tello y Álvarez, pero no por sus agrupaciones que son dirigidas por sinvergüenzas. Todos deberían quedar fuera como sanción política.
