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La crisis política que atraviesa nuestro país se debe, en gran parte, al agotamiento del modelo neoliberal, plasmado en la Constitución de 1993. Desde los 90 se teje un sistema político-electoral que aleja a la población y no permite que esta se sienta representada en el Parlamento y en los 24 partidos políticos registrados.

La población desconoce el nombre de la mayoría de ellos, poseen estatutos que no se respetan, hay ausencia de plenarios, de congreso nacional para debatir posiciones políticas, propuestas y elegir representantes. Muchas de estas organizaciones han terminado siendo “partidos cascarón y/o vientres de alquiler”.

Necesitamos cambiar esta realidad, tanto como modificar la inmunidad parlamentaria, para que sea la Corte Suprema y no el Congreso de la República la encargada de levantar esta prerrogativa a los congresistas con procesos judiciales.

Existen iniciativas legislativas presentadas buscando mejorar nuestro sistema político-electoral, entre ellas los 12 proyectos de ley presentados desde el Ejecutivo y elaborados por la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política Electoral.

Sin embargo, la Comisión de Constitución, presidida por la congresista Rosa Bartra, ha elaborado un cronograma de trabajo para aprobar y debatir unos 150 proyectos de ley de la reforma política. Esta metodología es inviable, se necesita y urge que la Comisión presente los predictámenes de ley, agrupados por temas de interés para debatir y resolver. El mecanismo aprobado solo dilata la reforma política por interés de algunos partidos con representación congresal.

Diversas bancadas han solicitado que se cambie el cronograma priorizando los proyectos de ley en debate. Se trata de una responsabilidad histórica. Esperamos que se pueda estar a la altura de las circunstancias. La población demanda un cambio en la forma de hacer política.