En el editorial de ayer cuestionábamos la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao y afirmábamos que la medida era un fracaso. En las últimas 24 horas, la realidad nos dio la razón. El país recibió una radiografía brutal de su verdadera situación de seguridad: se detuvo a una exalumna que extorsionaba a docentes, una fiscal reportó que recibe mensajes de muerte en su casa, dejaron explosivos en una reconocida clínica y un periodista que investigaba casos de corrupción en el Callao –junto a su menor hijo– sobrevivió a un atentado de sicarios.
Mientras las autoridades se regodean con la captura de raqueteros de esquina, microcomercializadores o “gatilleros”, los atentados ligados al crimen organizado siguen creciendo. Se exhiben armas y motos incautadas, pero no se explica quién paga los sicarios, quién compra los chips desde los que se extorsiona a colegios, fiscales y empresas ni cómo siguen operando las redes que ordenan ataques desde los penales.
El contraste es obsceno: de un lado, un Estado que muestra golpes inútiles contra delincuentes de bajo rango; del otro, una criminalidad que demuestra tener inteligencia fina sobre la vida de jueces, periodistas, trabajadores y profesores. El mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: si no eres congresista o ministro, no estas libre de ser extorsionado.
