La lucha del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra la corrupción liberó al país de zonas tomadas por las pandillas, a costa de no respetarse el debido proceso judicial. Los resultados prácticos contra la delincuencia aumentaron su capital político, lo cual permitió proponer reformas administrativas como la drástica disminución de alcaldías en menos de cincuenta para todo el país, eliminar los cargos de confianza en los municipios y la reducción del Congreso en sesenta escaños. Al margen de las reformas administrativas que puede impulsar, la arbitraria confiscación de los bienes de expresidentes sin previa acusación y proceso judicial advierten la acentuación de un populismo que no tardará en repercutir en la prensa libre.
Nayib Bukele se presenta a la reelección presidencial. El inciso 1, artículo 152 de la Constitución establece que no puede ser jefe de Estado “quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. De acuerdo con Bukele, el “periodo inmediato anterior” corresponde al expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014 y 2019), por eso solicitó licencia de seis meses para no caer incurso en la segunda causal de impedimento. Una interpretación para permitirle postular olvidándose que la Constitución limita el ejercicio arbitrario del poder. La senda del autoritario se ha trazado: aumentar el capital político con medidas populistas, gobernar golpeando al Congreso y, al final, sólo queda perseguir a sus opositores para terminar con la prensa libre.
