La sentencia a cadena perpetua para SL y la sociedad política reactiva

En los últimos días, he leído respetables columnas que relievan como un gran logro la sentencia a cadena perpetua por el caso Tarata a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán Reynoso a la cabeza, en las que refieren los 26 años que han transcurrido para que se produzca el fallo. No les falta razón para ello, pues finalmente estarán encarcelados para siempre; sin embargo, quisiera ir un poco más allá. Lo voy a explicar. En términos procesales, no existe ninguna justificación para que haya sido dilatada tantísimo tiempo la emisión de la sentencia. Debió realizarse un juicio sumarísimo ante la incontrastable evidencia de la responsabilidad de la banda terrorista. Nadie en su sano juicio investigó el atentado para hallar culpables. La mayoría de los imputados estaban siendo incriminados a penas entre 20 y 25 años, y las ONG dizque “defensoras” de los derechos humanos se dedicaron a contratar abogados exclusivamente para trabar la tarea judicial. En ese contexto, nuestros magistrados, los del comienzo del siglo XXI -no los jueces sin rostro y otros de los noventa que se fajaron bajo todo riesgo-, realmente fueron un cero a la izquierda y no estuvieron a la altura para complementar la valiente acción en la cancha de nuestros policías y militares que se dedicaron a neutralizar y erradicar a las camarillas subversivas, tal como lo vienen haciendo en esta nueva etapa en el Vraem con coraje, pero ahora más que nunca con un impecable trabajo de inteligencia para arrasar con los remanentes subversivos. Pasaron los años y al advertir que varios terroristas saldrían en libertad por cumplimiento de insólitas penas, recién han tomado el toro por las astas. ¿Por qué lo han hecho ahora? Pues con un Poder Judicial desprestigiadísimo, la medida busca atenuar la malísima percepción de la opinión pública, que ya exige una reforma integral de TODO el sistema de justicia peruano. Esto es lo que no se dice. Somos enteramente reactivos y sin carácter para tomar decisiones, pues si incorporamos en la Constitución de 1993 la pena de muerte para los terroristas, no es posible que siga siendo letra muerta.