Piura y La Libertad son las regiones del norte del país más castigadas por las lluvias y los huaicos de El Niño costero. Pero no solo tienen en común la gran cantidad de personas afectadas y damnificadas, sino que el descontento de la gente ha conllevado a que “lluevan” las denuncias contra sus autoridades.

Quienes se han comido el pleito son los miembros del Colegio de Abogados, tanto de Piura como de La Libertad, cuyas dirigencias han presentado ante la Fiscalía sus indicios de supuestos malos manejos en las labores de prevención, así como las omisiones que habrían cometido en calidad de autoridades, los gobernadores regionales y los alcaldes.

El eslogan de #UnaSolaFuerza parece haber calado más en los abogados, por eso es que se ha levantado el dedo acusador contra quienes supuestamente debieron defender a los ciudadanos. Algunos han creído impertinente que en estos momentos de reconstrucción haya división en vez de unidad, pero otros se encuentran con la sangre en el ojo o, mejor dicho, con el barro en el alma.

Cada autoridad deberá responder con transparencia y documentación las labores que ordenaron ejecutar para mitigar el daño ante un desastre natural. Sabemos que la aparición de un fenómeno es difícil prever, escapa de las manos, pero hay medidas de Defensa Civil que como mínimo deben implementarse. Por ejemplo, la limpieza de los cauces y las quebradas.

En fin, más que un proceso judicial, ya la gente ha optado por emitir su propio juicio de valor con relación a la actuación de sus autoridades. Para una muestra, en una última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada por El Comercio, los gobernadores regionales y los alcaldes no llegan ni a un 20% de aprobación en su actuación frente a los desastres por las lluvias. Ya se imaginarán el porcentaje de descontento. Esa es, en la práctica, una sentencia adelantada.