El fracaso de Conga fue un bautizo negro para el Gobierno. Un estigma de temor y torpeza frente al terror antiminero, que es el ariete de la subversión. Mucho han costado al Perú la debilidad y falta de convicción presidencial para defendernos de caciques de la pobreza como Santos, cuya ignorancia prepotente ha perjudicado a todos los peruanos y en especial a los cajamarquinos. La moraleja fue terrible: utilicen la fuerza, la huelga y el bloqueo porque el gobierno se rendirá.

Tía María es la última oportunidad del humalismo para reivindicarse de la humillante derrota de Conga. Con lógica y aplastante claridad, PPK explicó en La Hora N por qué la avanzada tecnología y la naturaleza del proyecto no amenazan el medio ambiente ni la agricultura. Mencionó las ventajas de exportar cobre electrolítico de alto valor agregado (aumento del canon regional, entre otras) e hizo ver que las represas que el Gobierno construirá en la cuenca del río Tambo regularán el agua de riego e incrementarán la productividad agrícola de toda la zona de influencia.

Desgraciadamente, no son razones ni argumentos los que convencerán a los abanderados de la violencia y la pobreza. La lucha es por el ciudadano que necesita saber por qué debe defenderse de los que quieren liquidar el proyecto. Es esta intimidada mayoría la que precisa conocer bien los motivos para resistir y vencer. Y somos todos los peruanos los que esperamos que el Gobierno no se corra de nuevo ante la embestida de los extremistas, sino que demuestre un firme compromiso con el imperio de la ley. Que no se rinda nuevamente. Que defienda el interés nacional y el Estado de Derecho.

Arequipa no es Cajamarca; Tía María es un proyecto muy diferente a Conga; la inteligente Gobernadora Osorio no es Gregorio Santos; Cateriano -arequipeño- es un liberal en las antípodas de Siomi Lerner; y el Perú ya no está dispuesto a tolerar un Gobierno arrodillado frente al chantaje prosenderista de minorías radicalizadas que pretenden dinamitar la gran minería con mentiras e invenciones ambientalistas.

La Autoridad no puede abdicar de sus obligaciones constitucionales cuando el terror antiminero y subversivo está en campaña para bloquear proyectos vitales para el Perú. La consulta previa acordada en el Convenio 169 de la OIT proscribe conductas de mala fe y establece que las comunidades consultadas NO tienen derecho a veto. Es importante que lo recuerden el Presidente Humala, la Gobernadora Osorio y los cuatro ministros comprometidos en sacar adelante un emprendimiento decisivo para nuestro desarrollo.

Salvadas todas las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, el Estado debe cumplir el contrato con Southern Perú. Autorizada la ejecución del proyecto, Gobierno y empresa podrían considerar la idea recientemente expuesta por Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN: adelantar ciertos beneficios a las comunidades del valle de Tambo para que tengan evidencia del progreso que pueden esperar de la ejecución de Tía María.