El ex subsecretario de la Presidencia de la República, Beder Camacho, renunció en medio del escándalo de corrupción que sacude al entorno y la parentela del presidente Pedro Castillo. Incluso es investigado por el Ministerio Público. Sin embargo, desde ayer tiene empleo en el Estado como asesor en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Qué suerte la suya.

Más bien, el Congreso debería preocuparse en convocar de inmediato a la ministra de dicho sector, Claudia Dávila, para que explique bajo qué criterios este personaje tan cuestionado ha encontrado una plaza de asesor.

¿Es que no había otra persona para desempeñar esa función? ¿Por qué los peruanos tenemos que pagar el sueldo de alguien que tiene mucho que aclarar ante la justicia?

Al Estado deben ir los mejores profesionales y que estén libres de cuestionamientos. No olvidemos que incluso el exsecretario de la Presidencia de la República, ha dicho que Camacho lo ayudó a escapar una vez que dispuso su orden de captura.

Nada de eso ha sido tomado en cuenta por la ministra Dávila. ¿Qué pasó? ¿Presiones de Palacio de Gobierno? Sería bueno que el Congreso y por qué no el Ministerio Público, indaguen.