La Sunedu y el Congreso

El día de ayer, el diario El Comercio publicó un informe que dice que el 67% de los peruanos que conocen las funciones de la Sunedu confían en ella. Aun así, con todas las tareas que tiene por hacer la Comisión de Educación en el Congreso -dirigidas directamente a mejorar la calidad de la educación y el acceso a la misma-, emprender la labor de investigar a una de las pocas instituciones estatales que parecen contar con la confianza de los ciudadanos es meterse un autogol.

El diario Perú21 levantó sospechas en torno a un posible conflicto de intereses por parte de la presidenta de la comisión, Tamar Arimborgo, a raíz de un informe de la semana de representación. En este se detallaba una reunión que la congresista tuvo con representantes de la UCP (en donde Arimborgo obtuvo su título) en el 2016. Además, el informe especificaba que las autoridades de dicha universidad “aprovecharon la reunión para solicitar interceder ante la Sunedu por los alcances de la Ley Universitaria N°30220”. Lógicamente, se levantaron dudas respecto de las intenciones de Arimborgo y sus motivaciones para investigar a la Sunedu.

Cuando otro congresista le preguntó a Arimborgo si es que efectivamente existe o no un conflicto de intereses, la jefa de la comisión, indignada y ofendida, lo acusó de intentar manchar su conducta in-ta-cha-ble. Arimborgo se siente atacada y reprocha que se esté poniendo en tela de juicio su accionar. Sin embargo, a través de sus reacciones teatrales evita responder preguntas razonables -y con fundamentos legítimos- respecto de su actitud.

Señora Arimborgo, usted puede poner en tela de juicio el accionar del resto, no solo de personas, sino también de instituciones. ¿Por qué no permite que se cuestione el suyo? Bastaría con responder las preguntas que se le hacen con honestidad. Por el interés de todos los ciudadanos.