En menos de 24 horas, ocho personas murieron a balazos a manos de sicarios en tres ataques registrados en Lima y Piura. Que más nos preocupemos por la política no evita que problemas tan ciudadanos sean dejados de lado; aunque no parece ocurrir lo mismo desde el Ejecutivo.

Sí, es cierto, la lucha contra la corrupción no debe detenerse. Los ladrones de saco y corbata deben seguir yendo al lugar que les corresponde: la cárcel. Sin embargo, hay asuntos no resueltos que, consideramos, están yendo sin rumbo. Por ejemplo: la inseguridad ciudadana.

En estos mortíferos ataques que, a simple vista, parecieran típicos ajustes de cuentas, un padre de familia que nada tenía que ver con la delincuencia perdió la vida a causa de una bala sin rumbo. Ocurrió en Los Olivos, en Lima, mientras cenaba junto a sus hijas.

La inseguridad ciudadana intercambia roles protagónicos con la corrupción en el país, aunque muchas veces confabulen en perjuicio de la ciudadanía. Frente a esto, también podemos decir que la carencia de nuestro sistema de prevención sobre inseguridad muestra su peor cara.

El presidente Martín Vizcarra debiera preocuparse por liderar un frente de lucha contra el crimen, que no solo incluya a autoridades o exjefes de gobierno, sino a gente de malvivir que se ha acomodado en las calles para instaurar el reino de la impunidad.

Preocupa que el sicariato, un delito incluido en el código penal en el 2015, no haya sido abordado con experticia. Indigna enterarnos que ni un restaurante garantiza la continuidad de la vida. El ministro del Interior, Carlos Morán, debiera enfocarse más en este tema.

Por lo tanto, ante la ausencia del Congreso, el Ejecutivo debe explicarle a la población sobre cómo afrontará esta problemática social para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.

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