Hace unos días en Correo hicimos una nota sobre las similitudes de las gestiones de Pedro Castillo y Dina Boluarte, por más que esta última ha tratado de marcar distancias con su impresentable exjefe que ahora está preso de manera preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y por los presuntos actos de corrupción que habría cometido en su condición de cabecilla de una banda de rateros enquistada en la cumbre del poder con el fin de saquear al Perú.

Mencionamos en la nota varios aspectos que asemejan sus accidentadas presidencias, pero el fin de semana ha surgido otro: la risible victimización a la que apelan ante las acusaciones de actos de corrupción que pesan en su contra. En el caso de la actual mandataria, lo penoso es que recurre a ministros de Estado en funciones que ahora tienen la función adicional de defenderla con argumentos que parecen una tomadura de pelo a todos los peruanos.

Castillo, recordemos, se presentaba como un modesto rondero, agricultor, profesor de escuelita primaria al que no le perdonaban “los poderosos”, “la derecha” y los medios que se haya convertido en presidente del Perú. Claro, estaban saqueando el país de la mano de ministros como Juan Silva y Geiner Alvarado, en Palacio de Gobierno aparecían sobres con miles de dólares y en la guarida de Sarratea se negociaban nombramientos con pago de “peaje” y obras como el puente Tarata, pero el hombre se vendía como un “pobrecito”.

Ahora la señora Boluarte ha enviado a sus ministros a decir que la acosan por ser una “mujer provinciana”, como si esa noble y digna realidad tuviera algo que ver con los relojes y las joyas que dice que le prestó su “wayki” Wilfredo Oscorima. Este “argumento” de defensa me hizo recordar a los que usaban los escuderos de la corrupta exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, los que decían que a su lideresa la “perseguían” por ser “mujer y de izquierda”, cuando la señora recibía plata sucia de unos brasileños corruptores.

Qué fácil es hacerse la víctima con el cuento de “soy provinciano y me odian”. Cuánta falsedad y cuánta demagogia, cuando los indicios de corrupción brotan por todos lados y no hay ni siquiera la voluntad de salir a hablar ante los medios y aclarar los hechos que se imputan a una mandataria que habría que ver qué le sucede a partir de julio del próximo año, cuando el Congreso esté en condiciones de vacarla sin necesidad de acortar el mandato del actual Poder Legislativo.