La precipitada conferencia de prensa en la que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (APP), intentó desvirtuar las denuncias que han surgido en su contra desde que fue elegido, el 26 de julio pasado, ha dejado más dudas que certezas.
En su pronunciamiento, por ejemplo, el titular del Parlamento aseguró que no se benefició de la Ley 31751 -ahora conocida como ley Soto que recorta el plazo de prescripción- pero obvió mencionar que el proceso seguido en su contra, por el delito de fraude y estafa, fue archivado el pasado 14 de agosto en mérito a un pedido de la defensa del también exvocero apepista para aplicar la mencionada norma en este proceso.
Luego, como ya hemos visto en otros casos de políticos descubiertos en medias verdades, intentó victimizarse apelando a su condición de provinciano y si bien dijo que se someterá a la Comisión de Ética, de forma tajante dijo que este grupo de trabajo solo puede investigarlo por hechos del 2021 en adelante.
Soto confía en que no se lograrán los votos para una eventual censura en su contra y si consideramos que el Congreso no ha sancionado a ‘Los niños’ ni a los ‘mochasueldos’ todo apunta a que el titular del Parlamento logrará mantener el puesto pero, de seguir allí, seguirá dañando la imagen del Parlamento.
