Desde hace más de 50 días, los pobladores de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), propietarios del fundo Yavi Yavi (Cusco), mantienen bloqueada la carretera por la que circula el mineral extraído por la compañía MMG Las Bambas, la segunda minera más importante en el país.
El conflicto viene desde el 2015, cuando la empresa decidió, sin consulta alguna, cambiar el proyecto del mineroducto por el transporte terrestre del mineral. La comunidad le reclama el pago de una compensación económica por el uso de la vía que está dentro de su propiedad. Carretera que modificó “oportunamente” su denominación a vía nacional, gracias al Ministerio de Transportes, para permitir el libre tránsito de los camiones de la minera MMG.
El principal problema de este conflicto social es la ausencia del Estado, incapaz de plantear y ejecutar soluciones viables y transparentes a los actores sociales, incapacidad manifiesta cuando revisamos el art. 66° de la Constitución: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación”. Y continúa: “La concesión otorga a su titular un derecho real…” De manera que las normas legales se adecúan a los intereses de los inversores y no de los ciudadanos, necesariamente.
El Estado, reacio ante el derecho de propiedad de la comunidad, ha preferido el traslado de militares y policías previendo el enfrentamiento violento. El nuevo gabinete pedirá la confianza el 4 de abril. ¿Será la criminalización de la protesta popular el mecanismo por el que se opte desde la Presidencia del Consejo de Ministros? Si así fuera, tendrá un difícil camino y poco éxito le auguramos. Es hora de respetar los derechos y su ejercicio; sí, de todos los ciudadanos.
Escuche la protesta y la propuesta, Sr. Salvador del Solar, no repita errores de siempre. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.
En Las Bambas debe primar el diálogo.
