Ayer ocurrió lo que se veníamos anticipando desde que el Congreso aprobó la ley que varía los parámetros para tipificar la organización criminal y establece que los allanamientos, así sean en flagrancia, no pueden ocurrir sin la presencia de los abogados de los delincuentes.En la víspera, la policía y la fiscalía realizaron un operativo donde se capturó a criminales dedicados a robar vehículos de carga en el Callao, pero al allanar la guarida de los delincuentes, todo quedó paralizado porque, oh sorpresa, no podían realizar las labores necesarias porque no había abogados presentes.Si bien la norma fue presentada por Waldemar Cerrón y sustentada ardorosamente por Américo Gonza, de Perú Libre, necesito de dos votaciones para ser aprobada. La primera logró 43 votos en el pleno y la segunda, solo 12 votos en la Comisión Permanente.
Como si no fuera suficiente tener a un Ministerio Público politizado que, en múltiples ocasiones, es un lastre en la lucha contra la corrupción y, más aún, contra el delito común, solo con 55 votos de 130 posibles, la abstención de Fuerza Popular, y con una lavada de manos del Poder Ejecutivo que, con su silencio, permitió que el Congreso promulgue la norma, se ha abierto un nuevo agujero en la coladera que es el sistema de justicia y estamos viendo las consecuencias.
