La Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, y el Poder Judicial, que dirige Javier Arévalo, pudieron y aún pueden tener un rol clave en el debilitamiento de las protestas que agobian al Gobierno y son la base de la crisis política. Solamente cumpliendo su rol. En cada región y en Lima, son hasta ahora mínimas las detenciones que se han realizado a raíz del escandaloso vandalismo desatado. En la capital, por ejemplo, las cámaras de seguridad de la MML han mostrado claramente los rostros de decenas de revoltosos atacando con palos y piedras a la Policía Nacional. En las diversas regiones del país pudo haber ocurrido lo mismo con los registros fílmicos, pero de no haber sido así, hubo detenciones de personas a las que se les debe aplicar todo el peso de la ley. Es que en el Perú reina la sensación de impunidad. En la atmósfera, los ciudadanos respiran esa sensación de que todo pasa por agua caliente, se puede arreglar o no llegará a mayores. Cuando los vándalos sepan que hay centenares de presos con detención preventiva por un delito flagrante y desmedido, pues van a tener que pensarlo dos veces para  animarse otra vez a cometer sus fechorías. Si no lo es, atacar a un policía debe ser considerado un delito grave. Hasta ahora, según la Fiscalía, de los 639 detenidos, solo 53 cumplen prisión preliminar y ocho se encuentran con prisión preventiva. Ocho es menos de uno por cada región en la que ha primado el vandalismo. O sea, casi nada. La justicia debe tener un rol clave en la preservación de la democracia. No todo es Poder Ejecutivo y Congreso. Así como en el caso de la detención de Pedro Castillo, hay que meter a la cárcel a todo aquel que desafía las leyes, abusa de la prepotencia y atenta contra la democracia. Aún están a tiempo. El mecanismo de la colaboración eficaz también podría servir para desmontar a las cúpulas, identificar los financiamientos y percibir las oscuridades de una revuelta que hiede a subversión.