¿Se ha preguntado qué garantías tenemos los ciudadanos de que las investigaciones que se anuncian en el Congreso sobre la operación “Lava jato” en Brasil y sus posibles repercusiones en el Perú se harán con la objetividad y el rigor necesarios? ¿Cómo nos aseguramos de que toda la verdad salga a la luz más allá de sus repercusiones políticas? Las preguntas se multiplican porque en los próximos meses estaremos sumidos en una nueva carrera electoral. Y ahí, como en las guerras, la verdad suele ser la primera víctima.

Lo acaba de demostrar el presidente Ollanta Humala. Consultado sobre la pertinencia de investigar a Rocío Calderón, amiga de su esposa y sindicada por algunos personajes como intermediaria en reuniones poco santas, el mandatario alegó que la prensa peruana estaba “perdiendo la brújula”, pues había que “investigar la Interoceánica”. ¿Y sobre cualquier sospecha vinculada a su gobierno? ¡Naranjas!

Lo mismo sucede si le preguntamos a un dirigente aprista: apuntará todos sus dardos contra los gobiernos de Alejandro Toledo y Humala, alegando que en ambos se firmaron millonarios contratos con empresas brasileñas y que a ellos solo les tocó ejecutar las obras. Sin embargo, esta semana ha sido pródiga en indicios acerca de reuniones entre los años 2008 y 2009 de ministros e incluso del propio expresidente Alan García con políticos y lobbistas -como el hoy detenido José Dirceu- investigados en Brasil. ¿Esto los convierte en culpables a todos? No, que aún se sepa. Empero, el tema se utiliza políticamente.

En ese contexto, ¿será útil el trabajo que pueda realizar el Congreso si investiga -como ya anuncia- esta materia? Lo dudo mucho. Nos asomamos a un “todos contra todos” en el que la verdad será lo de menos. ¡Campaña manda!

Eso sí, los esfuerzos que fiscales, procuradores y la prensa de investigación puedan imprimir al caso son bienvenidos e imprescindibles.

“¿Cómo nos aseguramos de que toda la verdad salga a la luz más allá de sus repercusiones políticas? Las preguntas se multiplican...”