Un mercado laboral más competitivo y flexible no solo asegura un mayor acceso al trabajo, con un buen entorno y beneficios para el empleado, sino que también apunta a elevar la productividad del trabajador. Incluso sirve como herramienta para mitigar los efectos de un menor crecimiento económico. Así, se generarían los mayores retornos para las empresas con el consecuente impacto en la generación de ingresos para las familias, y para el Estado a través del pago de impuestos. Esta no es una característica particular del mercado laboral peruano. La legislación laboral está caduca. La tasa de informalidad en nuestro país se ubica año tras año por encima del 70%. En el último año esta fue del 71.1%, según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Más de 12.2 millones de trabajadores a nivel nacional subsisten en la informalidad, sin beneficios ni condiciones laborales mínimas de calidad. El régimen general implica costos laborales no salariales del 62.2%, según cálculos del propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En el último año, el salario promedio en el sector formal a nivel nacional fue de S/ 2,903; mientras que en el informal fue de S/ 1,099, casi un tercio. A nivel departamental la brecha salarial es incluso mayor. Por ejemplo, en el caso de Piura, el salario promedio en el sector formal fue de S/ 2,464; mientras que en el informal fue de S/ 986, por debajo de la remuneración mínima vital (S/ 1,025). Piura empeoró en el Índice de Competitividad Laboral de ComexPerú. Pasó del puesto 12 al 21, de 24 departamentos. Se ha hecho más difícil encontrar empleo y que los trabajadores accedan a una afiliación pensionaria y/o de seguros de salud. Urge una reforma.
