A mediados del 2013, el Gobierno inició el proceso para detener y controlar la minería ilegal en el país, la misma que dañó por años el medio ambiente y la economía nacional.

Siguen en el recuerdo las imágenes apocalípticas difundidas en forma permanente de lugares donde existían extensos bosques con rica fauna y flora, pero por la extracción minera ilegal hoy son tierras muertas.

Sabemos que en todo el país hay minería ilegal, sobre todo en el “triángulo del oro” (Puno, Cusco y Madre de Dios), pero se advierte pocos avances en la formalización real de las 70 mil personas dedicadas a dicha actividad extractiva, pese a las acciones de interdicción reiniciadas esta semana en Ananea, distrito puneño.

Hernando de Soto ha cuestionado los mecanismos aplicados para la formalización, pues con la fuerza (destrucción de campamentos mineros y maquinaria) no se solucionará el problema si este no es reconocido como tal para recién aplicar soluciones.

Para ello, sería bueno que el Gobierno defina bien lo que es ilegal y lo que es informal.

El marco jurídico existe, pero urgen ajustes para que la formalización avance y no solo sea mediante la fuerza, sin olvidar que estamos en un año preelectoral donde falsos líderes pueden aprovechar el asunto como plataforma de campaña.

El problema es latente y puede terminar en un conflicto violento si el Estado no revalúa lo que tiene previsto hacer, sin que esto signifique retroceder, aunque solo el 1% de mineros se haya legalizado, según cifras oficiales.

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