Liberales y conservadores

La presencia de instituciones parlamentaristas en nuestra forma de gobierno tiene una razón histórica: la sucesión de constituciones de corte liberal y conservador durante las primeras décadas de vida republicana. Las primeras, llamadas liberales, respondían a las élites políticas de la sociedad civil y demandaban un Parlamento fuerte, mientras que las conservadoras postulaban la necesidad de un gobierno que hiciera primar el orden, que eran de la preferencia de los grupos militares cuando tomaban el poder.

En la historia de la República, desde 1823 hasta 1860, a una constitución de corte liberal le sucedía una con rasgos conservadores, hasta iniciarse un proceso de equilibrio con la Constitución de 1860, es decir, con la combinación de ambos rasgos en un mismo texto constitucional; de esta manera, a las cada vez mayores atribuciones presidenciales (conservadoras) se fueron añadiendo, progresivamente, instituciones parlamentaristas (liberales), como el Consejo de Ministros y su presidente, las interpelaciones, moción de censura, cuestión de confianza, hasta la disolución parlamentaria, entre otras; un proceso de evolución de un modelo inicialmente presidencialista (un titular del Ejecutivo elegido por sufragio universal), pero sujeto a controles provenientes de los parlamentarismos europeos. De esta manera, las constituciones peruanas de 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y la actual de 1993 fueron marcando los rasgos actuales de nuestra forma de gobierno.

Finalmente, a pesar de que la sucesión entre constituciones liberales y conservadores ha quedado en la historia, en la actualidad observamos que sigue viva, por las tensiones en el comportamiento de nuestra forma de gobierno, especialmente cuando el Ejecutivo no cuenta con una mayoría parlamentaria, ya sea propia o por coalición con otras fuerzas políticas. Un diagnóstico que resulta de comparar la performance política de los últimos tres gobiernos democráticos consecutivos con el actual. Por eso, el problema no se encuentra en un presunto agotamiento de nuestro modelo de forma de gobierno, sino en el modo de comprender y practicar la política bajo distintos escenarios. Por eso, el problema no reside en la Constitución sino en la política.