Luego del fallo judicial contra Christopher Acosta tras una querella de César Acuña, otro hecho se cierne peligrosamente sobre la libertad de expresión. Se trata del pedido de actualizar un proyecto de ley en el Congreso, que pretende aumentar la pena del delito de difamación que sea calificada como agravada, para que se convierta en cárcel efectiva. Las movidas de algunos políticos, al parecer, apuntan a vulnerar un principio democrático que dicen defender. Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa ha solicitado al Parlamento peruano que descriminalice los delitos contra el honor, el portavoz de Podemos Perú, José Luna Gálvez, intenta reactivar un proyecto en el que las penas por difamación van de 4 a 6 años.
Son aberrantes estas veladas amenazas a la libertad de expresión. Hay que combatir todo intento de control. Nadie puede estar por encima del derecho de recibir y difundir información.
Perú Libre, el partido de Gobierno, también ha dado muestras de intolerancia contra la libertad de expresión. Es evidente su intransigencia con los que piensan diferente, además que sus líderes y congresistas defienden a menudo regímenes dictatoriales, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, Miguel Díaz Canel en Cuba y Nicolás Maduro en Venezuela, donde las libertades han sido aniquiladas.
